UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS EMPRESARIOS DE LA UNION EUROPEA

En un mundo cada vez más globalizado, donde las empresas cuentan en muchos casos con presencia en diferentes países, la creación de una respuesta adecuada a los problemas que pueda presentar esa internacionalización resulta clave para fomentar la expansión empresarial. Tal es el caso de la insolvencia transfronteriza que se produce siempre que la empresa en apuros tenga activos o acreedores en más de un Estado miembro.

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Europa cuenta ya con un marco normativo para hacer frente a este reto. Se trata del Reglamento 1346/2000, en funcionamiento desde el 31 de mayo de 2002. Ahora, la UE se plantea el reto de renovar este marco, una tarea en la que lleva trabajando desde 2012 y que comienza a dar sus frutos. A principios del pasado mes de junio, los ministros nacionales, agrupados en el Consejo de Justicia de la Comisión Europea, respaldaron la propuesta de la Comisión para modernizar esta normativa, proporcionando un nuevo enfoque para ayudar a las empresas a superar sus dificultades financieras, desplazando el foco lejos de una posible liquidación, y respetando al mismo tiempo el derecho de los acreedores a recuperar su dinero.
Tal y como aseguró en aquel momento la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, el acuerdo alcanzado en el Consejo de Europa "lleva un paso más cerca ofrecer mejores condiciones tanto para las empresas como para los acreedores". Y ello teniendo en cuenta que "las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía de la UE", y que Europa necesita un rescate y recuperación de la "cultura de las empresas viables".

Las reglas de insolvencia modernizadas facilitarán así el llamado fresh start o segunda oportunidad para los negocios con problemas, a través de una serie de cambios que permitirán mejorar el "espíritu empresarial" en Europa, impulsando el crecimiento y fomentando la estabilidad de los puestos de trabajo. Así, según Reding, los ciudadanos "pueden estar seguros de que cuando su empleador se enfrenta a dificultades financieras, el negocio va a tener una mejor oportunidad de supervivencia".
El cambio más importante responde al hecho de que actualmente el Reglamento aplicable se orienta a la liquidación, en lugar de tratar de preservar y de reestructurar las empresas en crisis.
La revisión también pondrá el Reglamento al día con respecto a la evolución de las leyes nacionales de insolvencia, mediante la ampliación de su ámbito de aplicación a los procedimientos nacionales que permitan la reestructuración de empresas en una etapa preconcursal, buscando mantener la gestión en manos de la propia empresa. Además, se prevé la posibilidad de que las personas físicas salden sus deudas a través de este procedimiento.

Unas 50.000 empresas afectadas cada año

Las estadísticas de las que parte la Comisión revelan que cada año en la UE los procedimientos de insolvencia transfronterizos afectan a un número estimado de 50.000 empresas, lo que se traduce en que cada año 1,7 millones de puestos de trabajo están en juego.
A ello se suma que, en un contexto de crisis económica y financiera como el que vive Europa, el número de negocios que acaban en concurso se ha incrementado exponencialmente: entre 2009 y 2011, un promedio de 200.000 empresas se declararon en quiebra en la UE cada año y, además, una cuarta parte de éstas tuvieron un elemento transfronterizo. Esto significa que alrededor de 600 sociedades de Europa acabaron en concurso cada día.
De ahí que la Comisión Europea considere que la respuesta debe ser la creación de un sistema eficiente para restaurar y reorganizar los negocios para que puedan sobrevivir a las crisis financieras, operar de manera más eficiente y, cuando no quede más remedio, llegar a un fresh start que permita al empresario empezar de nuevo.
Y es que los datos de la UE muestran que las empresas que vuelven a empezar tienen más éxito y presentan mayores probabilidades de supervivencia que las primerizas, a lo que se suma que crecen más deprisa y generan más puestos de trabajo. Los datos también demuestran que alrededor de la mitad de las empresas sobreviven menos de cinco años y que hasta el 18 por ciento de los emprendedores que tienen éxito han fracasado en su primera aventura empresarial.
En este sentido, Europa también pretende hacer frente a un problema de base: el hecho de que los empresarios honrados sufran el mismo tratamiento en sede concursal que aquellos que acuden al fraude. Por ello se plantea llevar a cabo distinciones que permitan premiar a quien ha hecho los deberes durante su gestión, para evitar que las dificultades del concurso acaben minando el espíritu emprendedor.
Más allá de todo ello, existe un esfuerzo de la Comisión Europea por impulsar iniciativas en el ámbito de la política de justicia que puedan fomentar el crecimiento y la estabilidad del tejido empresarial en Europa. En este sentido, la modernización de la insolvencia transfronteriza es sólo una parte de esta estrategia.
La Comisión Europea aporta más datos para ilustrar la situación de la insolvencia en el marco comunitario: alrededor del 20 por ciento de las grandes empresas tienen filiales extranjeras o joint ventures. Por el contrario, sólo el 5 por ciento de las pequeñas y medianas empresas de la UE cuentan con filiales o empresas conjuntas en el extranjero. Sin embargo, con más de veinte millones de pymes en la UE en su conjunto, ello se traduce en que hay más de un millón de sociedades de este tipo en el ámbito comunitario que tengan filiales o empresas conjuntas en el extranjero. Ello hace que estas últimas se conviertan en un objetivo primordial.